“España es un país forestal, pero vivimos de espaldas a los montes”, apuntan desde COSE

Con más de un 50% de territorio ocupado por el monte, “España es un país forestal, pero vivimos de espaldas a los montes”, opina la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) que agrupa a las asociaciones de propietarios forestales privados de todas las comunidades autónomas.

Así se expresó su gerente, Patricia Gómez Agrela, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid, en la jornada ‘Espacio y tiempo para el diálogo sobre la nueva Ley de Montes’, celebrada el pasado miércoles 17 de junio. Precisamente el día en que la Comisión del Senado debatía acerca de la reforma de la Ley.

Las existencias de madera en el monte aumentan por encima de los 50 millones de metros cúbicos por año y la superficie forestal avanza cada año en torno a las 190.000 hectáreas. Sin embargo, el valor de ese recurso va decayendo. La madera no se corta, y se acumula en nuestros montes, junto con otros muchos recursos, indica COSE en una nota de prensa.

“Los bienes y servicios de los montes representan un motor económico y repercuten en el bienestar humano, pero no todos están valorizados en el mercado, y la mayoría se encuentran abandonados y desaprovechados -expresó la gerente de COSE-, lo cual conlleva riesgo de incendios y plagas, así como pérdida de riqueza, empleo y desarrollo rural”.

La gestión del monte

La principal función de la Ley de Montes es garantizar la conservación y la protección de los montes españoles. Según COSE, dicha labor sólo se puede llevar a cabo mediante una gestión forestal sostenible. “Para que los propietarios forestales puedan gestionar, la actividad en el monte tiene que ser rentable”, señaló Patricia Gómez Agrela.

Tras un seguimiento y participación activa en la influencia sobre su trámite parlamentario, lo cierto es que la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España no ha visto sus frutos a la hora de convencer a nuestros legisladores sobre la capital importancia de valorizar el monte, precisa COSE en su nota de prensa.

La propia Ley de Montes refleja en su articulado que “la desinversión en gestión forestal conlleva un crecimiento desordenado de los montes, que da como resultado una pérdida de su valor económico, medioambiental y de uso social. Y un aumento de la vulnerabilidad frente al fuego, episodios de sequía, plagas y enfermedades. El monte y la cadena bosque-industria son fundamentales para el desarrollo de las zonas rurales”.

Los propietarios forestales quieren gestionar, y la Ley quiere impulsar la gestión. No comprende COSE "por qué la Ley no habilita las herramientas necesarias para llevar a cabo esa necesaria gestión forestal sostenible, que tanto los montes como la sociedad también reclaman".

La propuesta de COSE

Desde que se inició el proceso de reforma de la Ley, COSE viene pidiendo una fiscalidad incentivadora de la gestión forestal, que atraiga la inversión a los montes y motive a los propietarios y empresarios a movilizar sus enormes recursos, así como garantizar el mantenimiento de las funciones ambientales que desempeñan nuestros montes y generar empleo y riqueza en el extenso y rico territorio forestal.

“Necesitamos una fiscalidad adaptada a nuestra actividad, porque es muy peculiar, pero al menos nos conformábamos con que la Ley de Montes dejase la puerta abierta a unos incentivos fiscales, como mecanismo para atraer inversiones al sector”, explica la representante de los propietarios forestales.

En concreto, COSE proponía una bonificación del 30% en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto de Sociedades (IS) en inversiones en gestión forestal sostenible en fincas forestales con Instrumento de Ordenación Forestal (IOF) aprobado, y que estén previstas en los objetivos de los mismos. Con esta desgravación, la Administración obtendría un retorno vía cuotas a la seguridad social y ahorro en desempleo. De todos es sabido que la gestión forestal es intensiva en mano de obra.

“Nuestros montes son una fuente importante de recursos, pero los selvicultores necesitamos leyes que nos ayuden a gestionarlos y mercados que valoricen sus productos –concluyó Patricia Gómez-. Tienen un enorme potencial. Sólo falta ponerlos en valor”.