El 70% de los concejos de Asturias, enclavados en zonas de alto riesgo de incendios forestales, no cuentan con un plan integral de defensa a pesar de ser obligatorio

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural ha valorado recientemente el anuncio del Principado de Asturias sobre un estudio estratégico, a punto de hacerse público, sobre mejoras del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) incluyendo la creación de 78 nuevas plazas con un incremento de 3,3 millones de coste anual.

En un comunicado, el Colegio apunta que este órgano reconoce "el esfuerzo realizado por los sucesivos gobiernos del Principado de Asturias para crear y mantener un servicio de emergencias generalista y profesional que tiene como una de sus misiones la extinción de los incendios forestales", subrayando datos como que desde 2001 el gasto en extinción casi se ha multiplicado por seis; en los últimos años aproximadamente el 40% del presupuesto del SEPA se destina a los incendios forestales, a lo que hay que sumar el coste, nada desdeñable, del personal que trabaja en el 112, los bomberos y auxiliares de bomberos. Esto sin contar con el personal y medios facilitados por la Administración General del Estado.

Sin embargo, el Colegio lamenta que en los últimos años se haya asistido "a un aumento de las superficies quemadas y de los siniestros con afección a la población, por lo que nos atrevemos a asegurar sin temor a equivocarnos que, aun siendo la extinción la necesaria respuesta a la emergencia, la solución debe llegar desde la prevención integrada en la gestión de los montes". Los expertos coinciden en que nos enfrentamos a un agravamiento del problema, debido la mezcla de varios factores negativos entre los que cabe señalar el incremento del potencial combustible en los montes y el cambio climático, que hacen que los incendios forestales no puedan enfrentarse -como hasta ahora- sólo desde la extinción. Es necesario gestionar el monte para evitar que su vegetación se convierta en el combustible de los incendios y en esta gestión hay que analizar y prever los potenciales grandes siniestros y su defensa.

Falta de personal

"Somos testigos del debate social y mediático recurrente desde el año 2015, y de la sensibilidad y la demanda de medidas preventivas, reclamadas también desde la propia Junta General del Principado, por lo que no entendemos como el Gobierno del Principado de Asturias ni si quiera haya hecho referencia a un estudio o análisis sobre las necesidades también en medios y recursos para la prevención y la gestión forestal", apuntan en el comunicado. Frente a la decidida inversión en medios humanos y materiales desde el año 2000, hasta profesionalizar la extinción con más de 450 miembros del ahora SEPA -a los que el anuncio del portavoz indica que aún podrían sumarse hasta 78 más- el Servicio de Montes, unidad responsable dentro de la Consejería competente en la prevención de los incendios forestales, se mantiene con la misma dotación humana que ya era escasa en el año 2001.

"A pesar de que la labor de prevención se configura cada vez más como el eje fundamental, para evitar o mitigar los efectos de los incendios, en 18 años no se ha visto en absoluto reforzada", afirman desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, y temen que esta inacción "sea debida a que los responsables políticos todavía no han comprendido la apremiante necesidad de disponer de suficiente personal facultativo para poder planificar y realizar con acierto las medidas preventivas necesarias".

Los datos facilitados por los ingenieros técnicos forestales que desempeñan su labor en la administración regional no dejan lugar a duda: el volumen de trabajo en informes, expedientes, inspecciones y supervisión de particulares, etc., suman cerca del 40% del total de la superficie forestal de Asturias lo que dificulta sobre manera la atención de los montes de gestión directa. Además el Servicio de Montes también gestiona más del 40% del volumen de los asuntos que tienen registro de entrada de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales con menos del 23% del personal total de la Consejería; y referido al personal facultativo este valor es incluso inferior al 10% del total correspondiente.

Planes de defensa contra incendios forestales

El comunicado del Colegio incide en que la falta de medios que se detecta en las actuales deficiencias en planificación "es elocuente y habla por sí sola; basta decir que 55 de los 78 concejos asturianos fueron declarados zonas de alto riesgo de incendios en 2007, y a pesar de que, según la Ley de Montes, en estos terrenos es obligatorio contar con un Plan de Defensa contra Incendios Forestales no se ha hecho absolutamente nada". Después de 12 años trascurridos no se ha aprobado ninguno, señalan al tiempo que opinan que se deben duplicar las ayudas a los ayuntamientos para trabajos de prevención, como de hecho se ha presupuestado para 2019, "pero esta positiva medida podría quedarse en papel mojado puesto que no hay personal cualificado suficiente en los concejos para proyectarlas (ni siquiera para supervisarlo por la administración regional), ni tampoco existe ni se ha previsto una planificación a medio y largo plazo que oriente las actuaciones".

Según esta agrupación profesional, "en la dimensión actual de los medios humanos disponibles sería más efectivo, con un gasto notablemente menor, poner en marcha un proyecto dinámico y plurianual con varios equipos regionales para la realización de quemas controladas y apoyo técnico a la gestión consensuada de los montes comunales que dé continuidad a la labor, ahora estacional, realizada por las tres Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y los trabajos de la Brigada de Labores Preventivas (BLP) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

Comunicado completo, aquí.